Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado serias irregularidades en el manejo de drogas en cárceles de Chile, incluyendo la pérdida de estupefacientes y la falta de cumplimiento en las cadenas de custodia. La auditoría, que abarcó siete recintos penitenciarios en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Libertador General Bernardo O’Higgins, se realizó entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025, y ha puesto en evidencia más de 9,000 entregas de drogas fuera de plazo al sistema de salud.
La situación se complica para Gendarmería de Chile, que enfrenta la formalización de una red de corrupción acusada de facilitar el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles entre 2020 y 2025. Aproximadamente 45 personas han sido acusadas de formar parte de esta estructura, que, a cambio de dinero, permitía incluso el ingreso de visitas no autorizadas a los recintos penitenciarios.
El informe de la CGR, que consta de 80 páginas, destaca que de los 1,539 internos involucrados en casos de tenencia o consumo de drogas, ninguno recibió sanciones disciplinarias. Además, 507 funcionarios y 397 visitantes que ingresaron a las cárceles a pesar de tener prohibiciones también quedaron sin sanción. La auditoría señala que el control de estupefacientes establece que cualquier droga incautada debe ser entregada al servicio de salud correspondiente, un procedimiento que no se cumplió en numerosos casos.
En el centro penitenciario de San Antonio, se identificaron 124 cadenas de custodia de sustancias ilícitas que no fueron entregadas al Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio dentro del plazo legal, con algunos casos de almacenamiento que superan los tres años. Además, se encontraron 9,002 formularios de cadena de custodia en 54 recintos penitenciarios donde la entrega de drogas se realizó fuera del plazo legal de 24 horas, contraviniendo lo estipulado en el artículo 41 de la Ley N° 20.000.
Particularmente alarmante es el hallazgo de que en 76 de las 105 cadenas de custodia auditadas se detectaron discrepancias en el peso de las sustancias incautadas. Por ejemplo, un acta indicaba la incautación de 38 gramos de pasta base de cocaína, pero solo se recepcionaron 8.5 gramos, lo que representa un 22% de lo incautado. La CGR ha exigido a Gendarmería que acredite las 19 cadenas de custodia pendientes y explique las diferencias en la entrega de las sustancias al servicio de salud, todo dentro de un plazo de 60 días hábiles.
La auditoría también incluyó procesos en la Región de Antofagasta, donde se constató la pérdida de 567 formularios de cadena de custodia, y en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, donde se perdieron 201 formularios. En estos casos, se identificaron irregularidades similares, como la falta de documentación de respaldo y la no entrega oportuna de antecedentes al Ministerio Público.
La CGR ha instado a Gendarmería a realizar un sumario administrativo y a garantizar que las denuncias sean tratadas de manera oportuna, además de remitir todos los antecedentes al Ministerio Público en los casos observados. La situación actual plantea serios desafíos para la administración penitenciaria en Chile, en un contexto donde la seguridad y el control de drogas son fundamentales.
