El 15 de diciembre se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco del caso Puerto Coronel, donde se formalizó a Michelle Prater, exgerenta interina de la empresa, por administración desleal. En esta misma instancia, el alcalde Boris Chamorro fue reformalizado, enfrentando acusaciones por cohecho reiterado. Este proceso judicial investiga presuntos pagos de coimas desde la empresa hacia la máxima autoridad comunal.
La fiscal Glenda Lagos explicó que a Michelle Prater se le imputa haber “omitido acciones destinadas a impedir los desvíos de los dineros”, a pesar de su deber de proteger el patrimonio de la firma. Prater, quien ocupó el cargo hasta octubre de 2023, quedó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Junto a ella, también fueron sometidos a las mismas condiciones Javier Anwandter y el empresario Hernán Romero Sáez, hermano del diputado Leonidas Romero. Este último está siendo investigado por la creación de un esquema defraudatorio que habría causado un perjuicio a la portuaria de más de 482 millones de pesos.
Los antecedentes presentados por la fiscal Glenda Lagos revelan que el fundador de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, junto con Javier Anwandter y Daniel Chamorro Madariaga, exgerente de administración y finanzas, habrían dispuesto del patrimonio de la empresa para realizar pagos indebidos a Hartwig, que superaban lo que le correspondía como director. Para ello, se emitieron facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados a través de su empresa, Codegua Ltda, así como otros pagos como “supuesta proveedora” del puerto, generando un perjuicio total de 626 millones de pesos.
Durante la audiencia, la fiscal Glenda Lagos solicitó que el alcalde Boris Chamorro fuera sometido a arresto domiciliario total, argumentando que había incumplido su arresto nocturno en dos ocasiones durante un viaje a Santiago. Según la fiscal, el 27 de octubre de 2025, carabineros acudieron al Hotel Panamericano a las 23:45 horas, donde no lograron contactar al alcalde en su habitación. El abogado defensor, Waldo Ortega, rechazó esta acusación, señalando que se trató de un error del personal del hotel, ya que había otro alcalde con el mismo apellido, el de Calama, Eliezer Chamorro.
El segundo incumplimiento se registró la madrugada del 30 de octubre, cuando el alcalde debía permanecer en la capital, pero se retiró el día anterior. En respuesta a estos incidentes, el Ministerio Público solicitó el endurecimiento de las medidas cautelares, apoyado por el Consejo de Defensa del Estado, que argumentó que Chamorro representa “un peligro para la seguridad de la sociedad”. Sin embargo, el juez Jorge Henríquez consideró el incumplimiento como “grave”, pero rechazó la solicitud de la Fiscalía, permitiendo que el alcalde continúe con arresto domiciliario nocturno.
El 16 de octubre, la justicia amplió el plazo de investigación por tres meses, en un caso que abarca delitos económicos, tributarios y de corrupción, y se espera que en enero se discuta una posible ampliación de la indagatoria o su cierre.
