La bancada oficialista en Chile ha calificado de “aberrante” la propuesta del diputado republicano José Carlos Meza, quien sugirió la posibilidad de conmutar penas a reos de edad avanzada, incluyendo a aquellos condenados por delitos graves como el abuso sexual infantil.
Durante una entrevista en CNN Chile, Meza defendió su postura sobre la implementación de beneficios humanitarios para prisioneros de avanzada edad o con enfermedades terminales. Al ser cuestionado sobre si esta medida debería aplicarse a condenados por delitos contra menores, el legislador reafirmó su opinión, afirmando que “es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”. Meza argumentó que “un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera”, añadiendo que “nadie merece morir en la cárcel”.
Las declaraciones de Meza provocaron una rápida reacción de la bancada oficialista, liderada por Luis Cuello del Partido Comunista (PC). Cuello anunció que un grupo de diputados ha solicitado a UNICEF, el organismo de la ONU dedicado a la protección de la infancia, que emita un pronunciamiento sobre la propuesta. Entre los firmantes de esta solicitud se encuentran Alejandra Placencia, Carmen Hertz, Boris Barrera, Daniela Serrano, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez, María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo (todos del PC), así como Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri (AH), Diego Ibáñez, Camila Rojas y Jorge Brito (FA), Héctor Barría (DC) y Matías Ramírez (PC).
Cuello expresó que “las declaraciones de José Carlos Meza, diputado y vocero de Kast, en orden a propiciar la impunidad de los condenados por el delito de violación de niños mediante la conmutación de penas constituye una propuesta aberrante”. Además, criticó la falta de condena por parte del candidato presidencial José Antonio Kast, quien, según Cuello, se limita a señalar que si el Congreso aprueba una ley de estas características, la aplicará.
El objetivo de la comunicación a UNICEF es “reafirmar la importancia del cumplimiento, por parte del Estado de Chile, de las obligaciones contenidas en la Convención sobre Derechos del Niño”. Esta situación ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, reflejando las tensiones sobre el tratamiento de los derechos de los condenados y la protección de los menores en el país.
