En el marco del Día Internacional de la Memoria Trans, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rinde homenaje a las personas trans y de género diverso que han sido víctimas de violencia letal en las Américas. La CIDH recuerda a los Estados su responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género, garantizando el derecho de las personas trans a vivir sin temor a la violencia.
La violencia motivada por prejuicio sigue siendo un problema grave en la región, exacerbada por contextos de discriminación e impunidad. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a las mujeres trans y a las personas de género diverso cuya expresión se percibe como femenina. Las personas trans enfrentan riesgos específicos, incluyendo exclusión, agresiones y asesinatos, a menudo perpetrados con una brutalidad extrema, lo que subraya la necesidad urgente de respuestas efectivas por parte de los Estados. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, al menos 159 personas trans fueron asesinadas en la región en 2025, de las cuales 131 se identificaban como mujeres.
La CIDH reconoce los avances logrados por algunos Estados que han comenzado a considerar la identidad o expresión de género como un agravante en los delitos motivados por prejuicio. Sin embargo, solo 14 Estados han implementado normativas de este tipo, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los marcos legales y las políticas públicas para ofrecer una protección integral y efectiva contra la violencia.
Por otro lado, la CIDH ha expresado su preocupación por la adopción de medidas regresivas en varios Estados que van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. Estas medidas incluyen intentos de restringir el reconocimiento legal de la identidad de género, limitar el acceso a servicios de salud y tratamientos afirmativos, así como censurar contenidos sobre diversidad de género en el ámbito educativo. Estas acciones no solo profundizan la exclusión social, sino que también fomentan discursos estigmatizantes que incrementan el riesgo de violencia.
De acuerdo con los estándares interamericanos establecidos en la Convención de Belém do Pará, los Estados tienen la obligación de aplicar una debida diligencia reforzada para prevenir la violencia contra todas las mujeres, incluidas las mujeres trans. La CIDH subraya que los marcos jurídicos existentes sobre violencia basada en género deben ser aplicados de manera inclusiva, asegurando la investigación y sanción de los transfeminicidios, así como la protección efectiva de las personas trans y de género diverso.
La Comisión hace un llamado urgente a los Estados para que implementen las leyes y políticas públicas vigentes en materia de prevención y erradicación de la violencia basada en género, incorporando una perspectiva que reconozca la diversidad de identidades y expresiones de género.
