Un cargamento de 30 piernas humanas, importadas desde Estados Unidos para fines de docencia médica, ha estado retenido durante un año en las bodegas del Aeropuerto de Santiago tras ser rechazado por Aduanas. Esta situación involucra al Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA y al Ministerio de Salud (Minsal), y ha generado un complejo escenario en torno a la importación de material cadavérico en el país. El Minsal defiende la retención del cargamento, y actualmente la resolución del caso se encuentra en manos de la Corte Suprema. La solicitud de estas extremidades se originó debido a la escasez de donaciones de cadáveres para estudios universitarios, lo que llevó a la empresa a buscar soluciones en el extranjero.
En septiembre de 2024, la Subsecretaría de Salud Pública notificó que la normativa vigente no contempla “la posibilidad de importar muestras de cadáveres para fines educacionales”, lo que fue el motivo principal de la retención del cargamento. Un mes después, la empresa presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En su defensa, el CEMQ argumentó que “este material biológico o material cadavérico humano se adquiere en el extranjero, cumpliendo todas las reglas sanitarias de origen”, dado que existe una escasez de donaciones en el país. Sin embargo, la subsecretaría insistió en que la obtención de cadáveres debe realizarse únicamente a través de donaciones altruistas, sin involucrar gestiones comerciales. El tribunal de alzada rechazó el recurso en diciembre del año pasado, lo que llevó el caso a la Corte Suprema, donde se espera un fallo definitivo.
El Minsal ha defendido su decisión de retener el cargamento. En un comunicado al que tuvo acceso BBCL, la Subsecretaría de Salud Pública explicó que su decisión se ajusta al Código Sanitario y al Decreto Supremo N°240 de 1983. Según la normativa, los cadáveres y piezas anatómicas destinados a la docencia e investigación deben provenir exclusivamente de donaciones voluntarias realizadas en Chile, conforme a las disposiciones del Libro IX del Código Sanitario. Además, la normativa identifica claramente a las instituciones habilitadas para recibir dichas donaciones, asegurando que los fines educativos y científicos se desarrollen dentro de un marco regulado y responsable. La entidad sanitaria también mencionó que el artículo 147 del Código Sanitario establece que los cadáveres de personas fallecidas en establecimientos de salud, así como aquellos bajo custodia del Servicio Médico Legal (SML) que no sean reclamados, pueden ser destinados al estudio o investigación científica. Finalmente, la subsecretaría indicó que están abiertos a evaluar modificaciones a la normativa si estas responden a un diagnóstico fundado y a las necesidades reales del ámbito académico y científico.
Por su parte, el CEMQ emitió un comunicado en el que afirmó que la retención de su cargamento es resultado de un “cambio de criterio en la interpretación normativa” por parte del Ministerio de Salud, lo que ha causado un “grave perjuicio” a la educación e investigación médica en el país. La empresa sostiene que la demora en la resolución del caso ha generado incertidumbre, lo que ha “paralizado toda la planificación académica y la continuidad de programas de entrenamientos médico-quirúrgicos en nuestro país desde hace un año”. Además, el centro enfatizó que la importación de material biológico se realiza “exclusivamente desde proveedores internacionales certificados”, cumpliendo con rigurosos estándares de ética, trazabilidad y seguridad.
El CEMQ también destacó que la falta de acceso a este recurso limita la formación de especialistas, restringe la incorporación de técnicas quirúrgicas innovadoras y, en consecuencia, impacta negativamente en la seguridad y la vida de los pacientes. Asimismo, recalcaron que la ausencia de un Programa Nacional de Donación de Cuerpos para la Educación e Investigación en Chile convierte la importación en un mecanismo “esencial” para asegurar la calidad de la formación profesional. Hasta la fecha, el CEMQ sigue a la espera del fallo de la Corte Suprema y ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades en la creación de un marco regulatorio que permita continuar con el acceso a este tipo de recursos.
