El deseo de Perú por transformarse en un actor de peso en el ámbito tecnológico regional ha dado un giro decidido con dos apuestas que buscan redefinir su lugar en el continente: la implementación de un puerto espacial en alianza con la NASA y el proyecto para adquirir un satélite de comunicaciones propio. Estas iniciativas, respaldadas por figuras como el mayor general en retiro FAP Carlos Caballero León, exdirector de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) en el Perú, son vistas por sectores estratégicos de la sociedad como pasos imprescindibles para el desarrollo digital, la defensa y la integración nacional. De acuerdo con Caballero León, “más que posible es imprescindible el adjetivo que hay que darle a esta necesidad que se tiene en las Fuerzas Armadas en particular y en el Perú en general” de adquirir un satélite de comunicaciones. Para el exdirector de Conida, la adquisición de uno resultaría fundamental para asegurar la soberanía, conectividad y coordinación no solo del sistema de defensa, sino de la sociedad en su conjunto. La urgencia tecnológica peruana ha cobrado fuerza en los últimos años, impulsada tanto por desafíos internos como por la mirada atenta a lo que ocurre en la región.
Desde el lanzamiento del satélite de observación PerúSAT-1 en 2016, Perú ha sumado capacidades en el manejo de tecnologías avanzadas. Sin embargo, la ausencia de uno de comunicaciones propio aún representa una brecha estratégica, ya que deja al Estado expuesto a la dependencia de operadores extranjeros y limita su autonomía tecnológica. Los datos oficiales evidencian la magnitud del reto: mientras otros países sudamericanos —Argentina, Bolivia, Brasil— apostaron por satélites de comunicaciones propios, el Estado peruano destina cada año decenas de millones de dólares a la contratación de servicios externos. Con un satélite nacional, el Estado no solo cubriría sus necesidades de defensa y administración pública, también podría ofrecer conectividad en regiones postergadas. “Si hacemos un gasto de una mejor calidad, podemos agrupar esa demanda y el gasto que ya venimos haciendo actualmente para comprar un satélite, que al mismo tiempo serviría para atender masivamente a todo el Perú”, afirmó Caballero León.
Las oportunidades técnicas de un satélite nacional abarcan más allá del ámbito militar. Perú atraviesa un desafío estructural de conectividad, determinado por una geografía accidentada donde instalar redes terrestres resulta costoso o inviable. Más de 16.180 localidades rurales siguen sin acceso a internet pese a la expansión de la fibra óptica. Un satélite de comunicaciones permitiría cubrir regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, zonas que hasta hoy no son alcanzadas por proyectos de red regional, ni resultan rentables para operadores privados. Según registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “en el Perú existen 95.646 centros poblados… y del 100% de centros poblados de Perú, solamente el 12% estaban conectados”, expuso Caballero León, en una cifra que subraya la magnitud de la exclusión digital. En el mismo sentido, un informe elaborado por Pronatel y la Agencia Espacial del Perú calculó que, por factores asociados al relieve y la inaccesibilidad, unos 20.138 centros poblados solo podrían conectarse mediante infraestructura satelital.
Las condiciones de mercado para estos casos ilustran el problema: el costo por megabit por segundo en zonas remotas supera los 1.600 dólares mensuales, frente a tarifas urbanas que se ubican cerca de un sol. La tarifa se eleva a 1682 dólares, casi 5000 soles por megabit por segundo. El acceso universal a telecomunicaciones tiene repercusiones directas en educación, salud y desarrollo productivo. La falta de conectividad en parte importante del país mantiene a segmentos enteros fuera de los circuitos de crecimiento. A ello se suma una vulnerabilidad natural: Perú es considerado un país de alto riesgo ante terremotos, inundaciones y desastres, donde las redes terrestres suelen colapsar. La implementación de un satélite propio permitiría establecer un canal nacional de emergencia y asegurar comunicaciones en momentos clave.
A nivel de inversiones, el desarrollo de un satélite de comunicaciones supone un desembolso estimado entre 180 y 325 millones de dólares para una plataforma de tipo HTS (High Throughput Satellite). Esta inversión, según análisis recogidos por BioBioChile, permitiría disminuir notablemente el gasto anual de servicios comprados a terceros, e incluso brindar capacidad adicional a privados, generando ingresos para el Estado. Además, la ejecución de un proyecto de este tipo puede impulsar la formación en ingeniería aeroespacial y telecomunicaciones, promoviendo nuevas líneas de investigación y cooperación internacional. El aspecto estratégico de contar con autonomía tecnológica aparece reforzado por el contexto regional. Países vecinos ya operan satélites fabricados localmente o adquiridos a potencias extranjeras, y la carrera por el control de datos propios se ha convertido en un componente central de las políticas públicas. En Bolivia, el satélite Túpac Katari significó una inversión de 302 millones de dólares, mientras que Argentina desarrolló dos modelos ARSAT, fabricados en el territorio por una empresa estatal. En Brasil, el satélite SGDC representó el paso a plataformas digitales de alto rendimiento.
A la par de la apuesta satelital, el gobierno peruano explora la posibilidad de instalar un puerto espacial en cooperación con la NASA, con énfasis en el norte del país. De acuerdo con Caballero León, esta iniciativa ha posicionado por primera vez al Perú como candidato prioritario para colaborar en el desarrollo de infraestructuras de lanzamientos orbitales en la región. La ubicación cercana a la línea ecuatorial, junto a la disponibilidad de puertos y acceso logístico, ha colocado localidades como Talara y La Joya en la agenda de evaluación conjunta con autoridades estadounidenses. Los estudios vinculados al puerto espacial han activado el interés de universidades nacionales, como la Universidad Privada de Piura y la Universidad Nacional de Ingeniería, para desarrollar carreras y equipos orientados al sector aeroespacial. La consolidación de esta infraestructura estimularía la formación de una masa crítica de técnicos y científicos capaz de intervenir en proyectos de alta complejidad: desde el diseño de cohetes hasta la administración de lanzamientos internacionales.
Para el Estado peruano, la puesta en marcha de un satélite requiere la integración de políticas unificadas sobre telecomunicaciones. La articulación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), las diferentes redes regionales y la futura estructura espacial podría transformar el acceso a internet y telecomunicaciones en zonas excluidas. La experiencia en el desarrollo del PerúSAT-1 fue leída por Caballero León como una oportunidad para “convocar a la mayor cantidad de cerebros, de inteligencias, de actores. Peruanos y extranjeros que puedan cooperar y que puedan desarrollar este proyecto”. Hasta ahora, las instituciones estatales y los socios extranjeros se encuentran en la fase de estudios de prefactibilidad relacionados con el puerto espacial. El modelo previsto contempla la intervención de la industria privada sobre terrenos actualmente gestionados por la Fuerza Aérea del Perú. El futuro del proyecto estará determinado por la convergencia de intereses nacionales y alianzas estratégicas en la arena internacional, un escenario en el que Perú aspira a ubicarse como referente en tecnología y desarrollo espacial en Sudamérica.
