La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado un informe titulado Castigo corporal infantil: su impacto en la salud pública, en el que se aborda el castigo físico como un problema de salud pública a nivel global. Este informe, que marca un hito en los 78 años de historia de la OMS, revela que más de 1.200 millones de niños y niñas en todo el mundo son golpeados cada año, y subraya que no existen beneficios en esta práctica, que solo causa daños físicos, mentales y sociales en los menores. Los niños que sufren castigos físicos son más propensos a presentar lesiones, bajo rendimiento escolar, abandono educativo, consumo problemático de sustancias, conductas agresivas, trastornos emocionales, ansiedad, depresión e ideaciones suicidas.
Mientras la OMS ha colocado este tema en la agenda global, en Argentina, un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y CONICET, liderado por el doctor Eduardo Cánepa, está desarrollando un método innovador para detectar el maltrato infantil. Este método se basa en la identificación de huellas epigenéticas del trauma en la saliva, lo que permite registrar químicamente las experiencias vividas por el niño. Con una precisión estimada entre el 85% y el 90%, ya se han recolectado muestras en el Hospital de Niños Pedro Elizalde. El objetivo de esta investigación es proporcionar una herramienta que aporte evidencia en los procesos judiciales y que acompañe los tratamientos psicológicos, mostrando que el trauma no solo queda en la memoria, sino que también se graba en la biología del individuo. En otras palabras, el cuerpo de los niños “habla” incluso cuando los adultos callan.
En el ámbito clínico, se ha observado que muchos adultos minimizan o reniegan de los malos tratos sufridos en su infancia. A menudo, se repite la frase: “a mí me pegaron y crecí bien”, un discurso adultocéntrico que ha legitimado la violencia como parte de la pedagogía. Sin embargo, este tipo de violencia deja huellas permanentes. Hace tres décadas, en el hospital, junto a colegas, se intentaba trabajar en terapias grupales mientras se ofrecían espacios de reflexión para los padres. Era común escuchar relatos sobre cómo disciplinaban a sus hijos mediante golpes, gritos y sacudones, reflejando la historia familiar. La insistencia en cambiar esta perspectiva se encontraba con la resistencia de una infancia que había sido forjada en la naturalización de estas prácticas.
Recientemente, se han conocido varios incidentes que evidencian la persistencia de estas prácticas de castigo físico. En Brasil, una maestra golpeó a un niño con una pila de libros, lo que le provocó la pérdida de un diente. En Córdoba, una niñera fue filmada mientras maltrataba a un bebé de siete meses, hundiéndolo en un colchón y tapándole la cara con una manta. En Las Grutas, Río Negro, un niño ingresó al hospital con fracturas y hematomas, y su madre y su pareja fueron detenidos. En estos casos, el sistema falló en la prevención, ya que no hubo alertas tempranas ni mecanismos de protección que evitaran que los niños llegaran a situaciones extremas.
Estos tres escenarios distintos reflejan una misma realidad: el castigo físico está naturalizado y atraviesa aulas, familias e instituciones. También se han denunciado episodios de maltrato en instituciones convivenciales y en institutos para infractores de la ley penal. Cuando ocurren estos incidentes en lugares que deberían ser de protección, se genera una traición a la confianza hacia los adultos, lo que multiplica el daño. La responsabilidad recae en el adulto, que no solo falla como individuo, sino que también falla como parte de un sistema que debería proteger a los menores.
Hoy en día, se sabe que el trauma se inscribe en la subjetividad y que el ADN puede confirmar lo que antes solo era terreno de testimonio. El mito benévolo de que el castigo es “por tu propio bien” ha sido analizado por Alice Miller a lo largo de su obra, y se ha demostrado que este discurso disfrazado de educación deja marcas psíquicas en los niños. La tarea de la sociedad es inmensa: erradicar el castigo físico en la infancia, comenzando por reconocer nuestras propias historias infantiles para evitar la repetición del ciclo de violencia.
No es suficiente con que existan leyes que prohíban el castigo físico, aunque estas son imprescindibles. Es necesaria una política nacional de salvaguarda clara y obligatoria que asegure entornos seguros en todos los espacios donde niñas, niños y adolescentes vivan, aprendan y se diviertan. La educación sobre las consecuencias del castigo físico debe abarcar todos los sistemas: sanitario, social y judicial. Debe basarse en estándares internacionales y traducirse en acciones concretas, como protocolos claros y eficaces para prevenir, detectar y actuar; capacitación permanente para quienes trabajan con la infancia; y orientación y apoyo accesible que comience en el hogar y se expanda, atravesando una perspectiva de género que evite reproducir desigualdades y silencios. Asumir esta tarea es urgente y necesaria, ya que el país enfrenta un desafío ético y sanitario al permitir que se perpetúen estas prácticas que revictimizan a los niños y niñas.
