La situación legal en torno al caso de Diego Fernández Lima avanza con la elaboración de un nuevo dictamen por parte del fiscal Martín López Perrando, tras la solicitud del juez Alejandro Litvack, quien ha decidido no citar a declaración indagatoria a Cristian Graf. Esta decisión se basa en la consideración de que la imputación presentada carecía de los fundamentos necesarios. Sin embargo, el magistrado ha aceptado a la familia del joven como querellante en el proceso.
Según fuentes de Infobae, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56 ha hecho lugar a la solicitud presentada por la familia de Lima, que estará representada por Javier, el hermano de la víctima, quien ha actuado como vocero desde el inicio del caso. La defensa de Cristian Graf está a cargo de los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady.
Hace unas semanas, el juez Litvack había solicitado la citación del principal sospechoso del homicidio, quien había estado desaparecido desde 1984. Los restos de la víctima fueron encontrados el 20 de mayo pasado, enterrados en un chalet ubicado en el barrio porteño de Coghlan, cerca de una casa donde vivió el músico Gustavo Cerati. Esta solicitud fue impulsada por el fiscal Perrando, quien buscaba que el sospechoso declarara formalmente como imputado en el expediente.
De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso este medio, el juez fundamentó su decisión en que la acusación presentada no contaba con una “calificación legal precisa” en los términos requeridos por el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). El magistrado destacó que, más allá de los hechos imputados, la extensión y el alcance de la prueba presentada “impide conferir” que se cumplan las exigencias del artículo 298 del CPPN.
El juez estableció que, tras el interrogatorio de identificación, se informará detalladamente sobre el hecho que se le atribuye al imputado, así como las pruebas existentes en su contra, y que el acusado puede abstenerse de declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. En este sentido, agregó que si el imputado se niega a declarar, se hará constar en acta, y si se rehúsa a firmarla, se consignará el motivo.
Durante la investigación, la fiscalía promovió que existían “pruebas que así lo requieren”, en virtud de lo establecido por el derecho penal. Sin embargo, el juez devolvió el sumario para que se clarifique la imputación concreta, señalando: “Antes de expedirme sobre lo solicitado, devolveré para que se aclare”.
El juez precisó que “la amplitud de los hechos descritos impide una fundamentación legal adecuada” y comunicó a las partes de manera electrónica. Frente a la causa, se indicó que “técnicamente” se trata de un rechazo por parte del juez, pero que se debe reformular la precisión de la imputación.
“Antes de expedirse sobre la cuestión de fondo, se pide que se mejore la descripción de lo imputado. Para ello, hay que intimar debidamente al acusado”, agregaron. Se sabe que existe una postura media ante la indagatoria: acepta o rechaza. En esta instancia, el juez se inclinó por la segunda alternativa.
Por último, se puso énfasis en la presentación del camarógrafo Adrián Faríaz, compañero de colegio de la víctima, quien ofreció dar testimonio sobre un presunto ataque sexual a la víctima. Aunque el ofrecimiento de Farías fue realizado, se indicó que debe decidir si es procedente o no.
