Un hombre ha presentado una demanda de precario contra la Municipalidad de Chiguayante tras adquirir un terreno de 246 metros cuadrados que formaba parte de la plaza pública José Palma Becerra, ubicada en la población Caupolicán, en la Región del Biobío. El comprador, Andrés Salas, sostiene que la compra se realizó de manera legal y que el terreno fue adquirido a un privado en agosto de 2024, después de haber visto la oferta en el sitio Portal Inmobiliario en junio de ese mismo año.
Salas explicó que, al enterarse de la oferta, se comunicó con el vendedor, quien le informó que la mitad del terreno era de propiedad privada y la otra mitad pertenecía a la municipalidad. Para asegurarse de la legalidad de la compra, Salas se dirigió al Conservador de Bienes Raíces para solicitar la documentación del terreno, la cual estaba en orden. Además, se acercó a la municipalidad, donde le proporcionaron documentos firmados por el director de obras, confirmando que todo estaba en regla y que el terreno era efectivamente privado.
El terreno fue adquirido por un monto de $45 millones. Tras la compra, Salas procedió a retirar los juegos infantiles que se encontraban en el terreno, los cuales fueron entregados a la municipalidad sin inconvenientes. Sin embargo, posteriormente comenzaron a surgir problemas, ya que los vecinos comenzaron a acusarlo de estar ocupando el terreno de manera ilegal.
Salas relató que, a pesar de haber recibido la documentación que respaldaba su compra, la municipalidad presentó un recurso de protección y reinstaló los juegos infantiles en el terreno. En respuesta, Salas cercó el terreno con los juegos instalados. Según su testimonio, esta acción por parte de la municipalidad se debió a que se acercaban elecciones y querían mantener una buena imagen ante los vecinos.
Posteriormente, el personal municipal retiró el cerco que Salas había instalado y, una semana después, le notificaron que no podía hacer uso de su terreno, alegando que estaba ocupando un espacio que no le pertenecía. Salas afirmó que, al mostrar su documentación en regla a Carabineros, estos se retiraban sin tomar acciones en su contra, ya que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad.
En la actualidad, se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el caso, después de que la Corte de Apelaciones de Concepción fallara a favor de Salas. Además, el comprador ha demandado al municipio y ha presentado una querella por el robo del cerco que fue instalado alrededor del terreno que adquirió.
