El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha declarado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) que fue víctima de un “secuestro” tras su extradición a Países Bajos. Duterte, quien ocupó la máxima autoridad en Filipinas y enfrenta acusaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con su “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019, fue detenido el pasado martes en Manila.
Detención y acusaciones
En su primera audiencia en el tribunal internacional de La Haya, el exgobernante filipino afirmó que el caso en su contra es un “ajuste de cuentas” de carácter político. Su defensa argumentó: “Hace dos días el que fuera presidente de un país soberano fue introducido en un avión”, sugiriendo que su traslado podría ser considerado como una entrega extrajudicial o, en términos más simples, un “puro y simple secuestro”.
Argumentos de la defensa
La defensa de Duterte también acusó que su detención es parte de un “ajuste de cuentas” llevado a cabo por el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, quien, según ellos, busca “neutralizar” el legado de Duterte. En este contexto, la defensa retó a la acusación a que explicara cómo esta transferencia no ha sido más que un abuso de los procedimientos legales. Además, se mencionó que Duterte sufre de “problemas médicos que le están debilitando”, incluyendo daños en su audición, lo que, según su defensa, dificulta su capacidad para contribuir en las audiencias.
Investigaciones del TPI
Los jueces del TPI indicaron que existen “motivos razonables” para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas llevaron a cabo ataques contra un gran número de personas supuestamente involucradas en actividades delictivas, al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Contexto de la guerra contra las drogas
El TPI ha señalado que estos “actos violentos” se cometieron como parte de “una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato”. Esta orden se origina en la guerra contra las drogas que Duterte implementó durante su mandato, en la que se estima que murieron alrededor de 6.000 personas en operativos antidroga, la mayoría de ellas personas empobrecidas en zonas urbanas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales locales elevan la cifra de fallecidos a más de 30.000, lo que ha generado un amplio debate sobre la violencia y los derechos humanos en el país.
