La diputada Karol Cariola, presidenta de la Cámara Baja, ha designado al abogado Juan Carlos Manríquez como su defensor penal en la investigación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella. Manríquez, quien representa a la familia de Ronald Ojeda y al alcalde Daniel Jadue, ha solicitado la nulidad de la diligencia de incautación que la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo el mismo día en que la parlamentaria dio a luz a su hijo.
El 3 de marzo, día en que Cariola anunció el nacimiento de su bebé tras un largo trabajo de parto, su domicilio fue allanado por la PDI, que incautó varios dispositivos electrónicos, incluyendo un notebook y un teléfono celular. Manríquez ha señalado que “una cadena de errores, desprolijidades, omisiones y faltas” condujo a que un informe policial, que calificó de “incompleto, erróneo, mal terminado, mal facturado y con conclusiones equivocadas y además confusas”, motivara a la Fiscalía a solicitar la medida intrusiva de incautación del teléfono de la presidenta de la Cámara de Diputados.
El abogado también destacó que los detectives intentaron “prácticamente ingresar hasta la sala de parto donde ella se encontraba dando a luz esa misma mañana”. Según Manríquez, esta situación “no podía ser ignorada por los policías, que además estaban apostados días antes y, a propósito de su seguridad, sabiendo perfectamente dónde se encontraba”.
En cuanto a la defensa de Cariola, el abogado ha manifestado que han solicitado la nulidad de todos los actos, consecuencias y efectos de la diligencia que consideran indebida. “Le hemos hecho saber al tribunal que fue presa de esta cadena de errores, desprolijidades y omisiones”, afirmó Manríquez, quien también ha presentado denuncias a la PDI por el trato que recibió la diputada, al que calificó de “prepotente, desprolijo y descuidado”.
Además, Manríquez ha mencionado que el diputado Tomás de Rementería, pareja de Cariola y padre del recién nacido, fue presionado el día del nacimiento para entregar el teléfono de otros hijos menores de edad sin una orden suficiente, recibiendo amenazas de que si no lo hacía, habría un escándalo en el hospital.
En otro ámbito, el abogado ha anunciado que se presentará una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de derechos de un recién nacido. Manríquez ha indicado que también se denunciará la vulneración de las políticas de género en esta causa, así como los derechos de un menor recién nacido, enfatizando que las mujeres en el momento de dar a luz son personas vulnerables.
Por último, el abogado se refirió a la filtración de chats entre la presidenta de la Cámara y la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en relación a una supuesta gestión de Cariola para favorecer a un empresario chino. Manríquez calificó esta situación como una “campaña de desinformación”.
“La continuidad de errores, faltas y desprolijidades ha llevado a una profusa difusión en medios con otra filtración de ese informe policial incompleto, erróneo y mal hecho, a una campaña de desinformación que nos ha obligado a aclarar las distintas líneas de confusiones que esas diligencias han producido en la opinión pública”, aseguró Manríquez.
El abogado concluyó expresando su esperanza de que la justicia acoja su requerimiento y reconozca que, como consecuencia de un trabajo desprolijo y erróneo, se invadió la privacidad de una persona que, según los verdaderos antecedentes, jamás habría sido objeto de tal medida.
