La Contraloría General de la República ha anunciado el inicio de una investigación especial para determinar si las transferencias de fondos significativas desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Ministerio de Hacienda han tenido un impacto negativo en su patrimonio. Esta decisión fue comunicada el miércoles por la contralora Dorothy Pérez, quien ha ordenado la indagación con el propósito de esclarecer el impacto financiero de estas operaciones y el destino de los recursos involucrados.
Detalles de la investigación
La Contraloría ha indicado que, “Atendidas las facultades fiscalizadoras de esta Entidad de Control, se inició una investigación especial en lo relativo a la eventual afectación patrimonial de Corfo y al destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos”.
Controversia en el Ejecutivo
Este nuevo proceso se suma a la controversia que ha suscitado críticas hacia el Ejecutivo. A pesar de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha calificado la situación como una “polémica bastante artificial”, la revisión por parte de la Contraloría reabre el debate sobre la legalidad y pertinencia de estos traspasos, que han generado inquietud en diversos sectores.
Antecedentes revisados por la Contraloría
Desde la entidad fiscalizadora se ha confirmado que algunas de las gestiones relacionadas con estas transferencias sí fueron sometidas a revisión, aunque únicamente en lo que respecta a las modificaciones presupuestarias requeridas.
Se explicó que “Mediante decretos dictados por el Ministerio de Hacienda, se efectuaron modificaciones presupuestarias a las partidas del Ministerio de Economía y del Tesoro Público, los que fueron tomados razón por la Contraloría General conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1263 de 1975, en la ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público de dicho año y de acuerdo con el Decreto N° 2341, de 2022, de dicha Cartera de Estado, que regula la materia”.
Esto implica que, aunque los decretos que autorizaron estos movimientos fueron revisados y aprobados en su momento, la Contraloría ahora investigará si estos traspasos han causado un perjuicio financiero para Corfo y si se han ajustado a las normativas vigentes.
Requerimientos y posibles acciones judiciales
La decisión de la contralora se tomó antes de que se presentaran requerimientos formales, aunque a lo largo de la jornada se recibieron solicitudes de investigación desde distintos sectores.
Uno de los primeros en reaccionar fue Raimundo Palamara, presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, quien presentó un requerimiento ante la Contraloría solicitando antecedentes sobre los movimientos financieros. Palamara ha indicado que podría evaluar interponer una querella por malversación de caudales públicos, dependiendo de los resultados de la investigación.
El caso continúa en desarrollo y la investigación de la Contraloría podría abrir un nuevo flanco de cuestionamientos hacia el manejo de fondos públicos por parte del Ejecutivo.
