Los parlamentarios Roberto Arroyo y Karen Medina han solicitado, mediante un oficio dirigido al Ministerio del Trabajo, un registro exhaustivo de las denuncias relacionadas con el maltrato laboral, el acoso psicológico y los accidentes fatales ocurridos en instituciones públicas desde el año 2014 hasta la fecha actual. Esta solicitud se enmarca dentro de un esfuerzo por abordar de manera transparente y proactiva una serie de incidentes que han puesto de manifiesto graves deficiencias en los protocolos de seguridad laboral y en la protección de los trabajadores del sector público.
Contexto de la solicitud
Los recientes acontecimientos, que incluyen el fallecimiento de una funcionaria de la Defensoría del Contribuyente del Ministerio de Hacienda y el trágico caso de un funcionario del Subdepartamento de Mantención Técnica de La Moneda, así como el Caso Monsalve, resaltan la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir el maltrato laboral y asegurar condiciones de trabajo dignas para todos los empleados del Gobierno. Estos incidentes, junto con otros casos preocupantes, subrayan la importancia de abordar esta problemática de manera inmediata.
Demandas de los legisladores
Los diputados han instado al Gobierno a tomar medidas concretas para enfrentar esta situación y a proporcionar el apoyo necesario a aquellos trabajadores que han sido afectados por estas circunstancias. “Es preocupante y contradictorio que en un Gobierno que se ha jactado de leyes como la Ley Karin, destinada a prevenir y sancionar el acoso laboral, se presenten situaciones de maltrato y acoso laboral en instituciones públicas”, afirmó Karen Medina. Ella enfatizó que estos casos evidencian la necesidad de realizar una revisión profunda de los protocolos de seguridad y prevención en el ámbito laboral, así como la importancia de garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores, independientemente de su área de desempeño.
Comentarios de los diputados
Medina también destacó que “la transparencia y la pronta intervención ante denuncias de maltrato son fundamentales para erradicar estas conductas y promover un ambiente laboral sano y respetuoso”. Por su parte, el diputado Roberto Arroyo subrayó que “es inaceptable que las autoridades no garanticen la seguridad y bienestar de sus funcionarios, creando un ambiente propicio para el abuso laboral”. Arroyo criticó que, en lugar de proteger a sus trabajadores, el Gobierno parece haber permitido que situaciones de maltrato se repitan sin ser prevenidas.
Responsabilidad compartida
Ambos legisladores coincidieron en que “es responsabilidad de todos trabajar en conjunto para asegurar que los trabajadores del sector público puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y saludable, libre de maltrato y acoso laboral”. Esta declaración resalta la necesidad de un compromiso colectivo para abordar y resolver las problemáticas de maltrato y acoso en el ámbito laboral público.
