El Gobierno ha decidido implementar una reducción de $7.064 millones en el presupuesto del Ministerio Público para el año 2025, lo que ha suscitado fuertes críticas por parte de diversos parlamentarios, especialmente de aquellos que forman parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta medida se enmarca dentro de un ajuste preventivo más amplio que contempla una disminución de $544.000 millones en el gasto público en varias áreas durante los primeros días de enero.
Áreas afectadas por el recorte
Según lo informado por El Mercurio, el ajuste presupuestario tendrá un impacto significativo en tres áreas clave del Ministerio Público:
Persecución del crimen organizado
La reducción afectará la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad, limitando la capacidad de la institución para contratar fiscales y personal especializado, lo que podría debilitar la lucha contra estos delitos.
Bienes y servicios de consumo
Asimismo, se verán afectados los bienes y servicios de consumo, lo que repercutirá en la realización de operativos básicos necesarios para el funcionamiento del Ministerio.
Adquisición de activos no financieros
Por último, la adquisición de activos no financieros, que incluye equipamiento esencial como cámaras de vigilancia y chalecos antibalas, también sufrirá recortes, lo que podría comprometer la operatividad de las fuerzas de seguridad.
Justificación del Gobierno
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, justificó esta medida argumentando que los ajustes preventivos son necesarios para cumplir con las metas fiscales establecidas para el año. Además, indicó que estos recortes serán revisados en abril, tras la publicación del Informe de Finanzas Públicas.
Reacciones desde la oposición
Desde la oposición, las críticas han sido contundentes. El diputado Andrés Longton (RN) expresó que este recorte representa “un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que enfrentamos una ola de violencia sin precedentes”. Longton también mencionó que esta decisión contradice los compromisos asumidos en la Ley de Presupuestos y anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que explique esta decisión.
En la misma línea, el diputado Henry Leal (UDI) calificó de “insólito” el recorte, afirmando que las prioridades del Gobierno no están alineadas con las necesidades del país. “El Presidente Boric debe entender que la seguridad es la prioridad, y recortar recursos a esta institución es inaceptable”, afirmó.
El diputado Cristián Araya (Republicano) también se pronunció, denunciando que mientras se reducen los presupuestos para seguridad, “los recursos se destinan a operadores políticos”. Araya criticó el gasto excesivo en funcionarios públicos, argumentando que “Chile cuenta con un millón de funcionarios, lo que no es sostenible ni justificable”.
Llamado a reponer fondos
Desde ambos lados del espectro político, han surgido propuestas para revisar y revertir el recorte. El diputado Raúl Leiva (PS) solicitó que se extienda la excepción de recortes, que actualmente se aplica a áreas como salud y seguridad, también al Ministerio Público. “Es crucial que estas instituciones, esenciales en la persecución del crimen organizado, no sufran disminuciones presupuestarias”, sostuvo.
