Durante el año 2024, se han llevado a cabo un total de 662 expulsiones administrativas, marcando la cifra más alta registrada en los últimos seis años. Esta situación se produce a pesar de que la ley de Extranjería y Migración no regula de manera específica el proceso de expulsiones, lo que ha llevado a la necesidad urgente de implementar medidas de coordinación entre los diferentes organismos públicos involucrados en su ejecución.
Incremento en los decretos de expulsión
Según datos proporcionados por el Gobierno, el número de decretos de expulsión administrativa ha aumentado significativamente, pasando de 24,000 en el año 2022 a 30,000 en 2024. Esta tendencia refleja un enfoque más riguroso hacia la gestión de la migración y la seguridad pública.
Medidas implementadas por el Ministerio del Interior
El ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que tras la modificación y publicación de la ley, se han considerado necesarios varios ajustes que se dividen en tres áreas principales. En primer lugar, se han realizado adecuaciones legales adicionales para facilitar notificaciones más rápidas. En segundo lugar, se ha incorporado tecnología para mejorar la integración del funcionamiento de las instituciones involucradas. Por último, se ha decidido aumentar las dotaciones, especialmente en el Servicio de Migraciones, para poder llevar a cabo los procesos de expulsión de manera más efectiva.
Prioridades en el proceso de expulsión
El secretario de Estado subrayó que el objetivo de estas medidas es acelerar y optimizar los procesos de expulsión de personas extranjeras que tienen órdenes vigentes. Se dará prioridad a aquellos casos que representen un mayor riesgo para la seguridad pública. Cordero afirmó que habrá una priorización de expulsiones administrativas para aquellas personas que estén vinculadas a antecedentes penales o a organizaciones criminales, lo que permitirá alinear el plan de expulsiones con la política de combate al crimen organizado.
Mejoras en la coordinación interinstitucional
El nuevo protocolo también establece una mejora en la integración de la información entre las distintas instituciones. Por ejemplo, se ha dispuesto que Gendarmería proporcione un informe semanal a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre extranjeros que se encuentren en prisión preventiva o cumpliendo condenas. Este informe incluirá plazos para la comunicación de infracciones a la Ley de Migración y coordinará la materialización de expulsiones.
Herramientas tecnológicas para la gestión migratoria
El ministro Luis Cordero también destacó que recientemente el Servicio Nacional de Migraciones ha puesto a disposición de las fuerzas policiales una herramienta tecnológica. Esta herramienta permitirá que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones puedan realizar consultas directas sobre la situación migratoria de las personas durante sus controles regulares, especialmente en el caso de aquellos que tienen un decreto de expulsión vigente.
Estas acciones buscan garantizar que las expulsiones se realicen de manera más regular y eficiente que en el presente.
