Una extrabajadora del Arzobispado de Santiago ha presentado la primera denuncia bajo la Ley Karin (Ley N.° 21.643) en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo.
Detalles de la denuncia
La denunciante, quien trabajó en el Arzobispado entre abril y agosto de este año, participó en el proceso de selección para el cargo de community manager desde el 8 de febrero. Se integró al equipo de comunicaciones del arzobispo Fernando Chomalí y comenzó sus labores el 3 de abril con un contrato fijo de tres meses, que fue extendido por un mes adicional, a pesar de que se le había prometido un contrato indefinido.
Acciones despectivas y exclusión
Según la demanda, un nuevo periodista en el equipo habría llevado a cabo acciones despectivas hacia la extrabajadora con el fin de desvalorizarla. Ante esta situación, la denunciante solicitó una reunión con su jefe de equipo. Ella sostiene que el comunicador intentó excluirla en al menos tres ocasiones.
La extrabajadora también reportó que el maltrato continuó hasta su salida, intensificándose con la llegada de otra periodista. Ambas profesionales supuestamente la excluían de reuniones, justificando su ausencia con afirmaciones como que “no quería asistir” o que “estaba ocupada”. En su relato, la denunciante menciona haber confrontado a la nueva periodista en medio de estas situaciones, llegando a experimentar un quiebre emocional, que culminó en un episodio de llanto tras lo que describió como una “encerrona”.
Finalización del contrato y acciones posteriores
El contrato de la denunciante finalizó el 4 de agosto. Antes de esa fecha, fue citada para discutir el término de su vínculo laboral. Ella afirma haber utilizado el correo destinado a denuncias por la Ley Karin del Arzobispado de Santiago. Sin embargo, a pesar de que le indicaron que se notificaría a la Inspección del Trabajo, sostiene que no existe registro de una investigación formal sobre su caso.
Reparaciones solicitadas
En su demanda, la extrabajadora acusa vulneraciones a sus derechos fundamentales y solicita una reparación por daño moral de $15 millones. Además, pide una indemnización de $14.300.000, que equivale a once remuneraciones, y el pago de $91 mil por horas extras trabajadas.
El Arzobispado de Santiago, al ser consultado por Radio Bío Bío, no ha emitido respuesta al requerimiento realizado por la denunciante.
