Chile se posiciona como líder en la gestión de recursos humanos en la administración pública de América Latina, según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la institucionalidad del Servicio Civil. Este estudio, que se alinea con los principios de la Carta Iberoamericana de la Función Pública y las mejores prácticas internacionales, refleja las continuas mejoras implementadas en el país desde la primera evaluación en 2004.
Mejoras en el Índice del Servicio Civil
Desde su primera medición, el Índice del Servicio Civil en Chile ha mostrado un avance significativo. En 2004, Chile ocupaba el segundo lugar en América Latina con 59 puntos en una escala de 1 a 100, solo detrás de Brasil. Sin embargo, desde 2013, Chile ha mantenido su posición como el país con el servicio civil más desarrollado de la región. En la evaluación más reciente, correspondiente a 2023, el puntaje de Chile ha aumentado de 67 a 73 puntos, consolidando su primer lugar entre los servicios civiles evaluados. Para poner esto en perspectiva, Brasil obtuvo 68 puntos, Uruguay 60, Colombia 57, Paraguay 40 y Ecuador 34 puntos.
Fortalezas del Servicio Civil en Chile
Felipe Melo, director nacional del Servicio Civil, destacó que “nuestras instituciones públicas son muy robustas al compararlas en el espejo de América Latina”. Melo enfatizó que el estudio del BID proporciona evidencia que no solo confirma el liderazgo regional de Chile, sino también su progreso a lo largo del tiempo. El informe subraya que políticas de continuidad, como la Alta Dirección Pública y las normativas sobre gestión de personas en el empleo público implementadas desde 2016, han sido fundamentales para el avance del país.
El Servicio Civil en Chile es una entidad descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Hacienda. Su misión es “fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado”. Para cumplir con esta misión, cuenta con dos subdirecciones: la Alta Dirección Pública, que se encarga de las contrataciones del Estado, y la de Gestión y Desarrollo de las Personas, que supervisa y coordina las políticas en este ámbito.
Impacto de la Alta Dirección Pública
El estudio del BID resalta el esquema de la Alta Dirección Pública (ADP), que ha ampliado su alcance al participar en la selección de 5.007 cargos en 2022, en comparación con 4.536 en 2013. La Ley 20.955 de 2016 ha sido un factor clave en este proceso, fortaleciendo la legitimidad del sistema y optimizando los procesos de reclutamiento y selección. Esta ley también introdujo restricciones a las solicitudes de renuncia de funcionarios de segundo nivel jerárquico, exigiendo que estas renuncias sean fundamentadas y comunicadas al Consejo de Alta Dirección Pública durante los primeros seis meses de un nuevo período de gobierno.
El informe también destaca la participación de las mujeres en los concursos de la ADP, señalando que se han mejorado todos los porcentajes relacionados con la postulación y nombramiento. En 2023, se nombraron 182 mujeres en cargos de la ADP, lo que representa un récord histórico del 41% de todos los nombramientos del sistema, alcanzando el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Crecimiento del empleo público y desafíos
El informe del BID también aborda el crecimiento del empleo público en Chile, que ha aumentado tanto en números absolutos como en porcentaje de la población y de la población económicamente activa, especialmente en los sectores de Salud y Educación. Sin embargo, se señala que el tamaño del empleo público en Chile sigue siendo uno de los más bajos de la región. A pesar de que el gasto en personal ha aumentado un 35,8%, el porcentaje que representa respecto al gasto público ha disminuido, y el que representa respecto al producto interno bruto (PIB) se ha mantenido constante. El informe indica que “el desafío es seguir velando por el equilibrio entre un crecimiento del empleo público, según necesidades específicas, y la responsabilidad fiscal”.
Progresos en reclutamiento y selección
En cuanto a los perfiles y procesos de reclutamiento y selección en el empleo público, el informe destaca que se han registrado avances significativos. Se ha mejorado la capacidad de elaborar perfiles de cargos, y el uso del portal Empleos Públicos para el reclutamiento y la postulación en línea ha crecido considerablemente, promoviendo la transparencia y la igualdad de oportunidades.
La participación de las asociaciones de funcionarios en espacios de diálogo también se menciona como un aspecto que otorga legitimidad al servicio civil chileno. A pesar de los logros, el BID ha identificado la necesidad de modificar la legislación para unificar las diversas calidades jurídicas existentes, como funcionarios a planta, contrata y honorarios. El informe sugiere que es fundamental sumar el respeto de los derechos laborales y los estándares de empleo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la flexibilidad organizacional necesaria para enfrentar los desafíos actuales.
Perspectivas futuras
Felipe Melo subraya la importancia de adoptar una perspectiva más equilibrada sobre el sector público chileno, reconociendo tanto los avances como los desafíos que aún persisten. Por su parte, Florencia Attademo-Hirt, representante en Chile del BID, señala que “el estudio presenta varios ejemplos en los que Chile se convierte en una referencia para América Latina”, destacando el Sistema de Alta Dirección Pública como un modelo que ha contribuido a cerrar las brechas de género en el sistema.
