La nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, ha emitido un pronunciamiento que ha generado una serie de críticas entre los funcionarios públicos. Las nuevas directrices de la Contraloría, que se refieren a la confianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público, han desatado un debate significativo sobre la protección laboral de estos trabajadores. Este principio establece que, tras un periodo determinado de renovaciones sucesivas de su contrato, la administración solo puede finalizar el vínculo laboral a través de un sistema de calificaciones o un sumario administrativo.
Pronunciamiento de la Contraloría
La Contraloría ha declarado que la decisión sobre el plazo para generar confianza legítima en los funcionarios públicos a contrata es una cuestión que compete exclusivamente a los tribunales de justicia. Según la entidad, se trata de un asunto litigioso que no debe ser analizado por la Contraloría. En un dictamen, se indicó: “La pretensión de los recurrentes en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado la confianza legítima, atendido el lapso de su desempeño a contrata, y por otra, que las respectivas entidades públicas han entendido, en contrapartida, que a dichos servidores no les asiste tal protección, dando lugar a una controversia cuya resolución compete a los Tribunales de Justicia”.
La Contraloría también mencionó que, en el futuro, se abstendrá de resolver sobre esta materia, argumentando que ha sido un tema que ha sido tratado en tribunales, los cuales han modificado el periodo que se considera para la aplicación de la confianza legítima. Anteriormente, la Corte Suprema había establecido que el plazo necesario para que se configure la confianza legítima en el caso de los funcionarios a contrata era de dos años, pero desde 2023, este criterio ha cambiado a cinco años.
Reacciones de los sindicatos
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha expresado su preocupación por el dictamen, argumentando que este termina con la jurisprudencia administrativa sobre la confianza legítima y “precariza aún más” la estabilidad del empleo en el Estado. El presidente de la ANEF, José Pérez, afirmó: “Esto es un retroceso, nos golpea, pero nos mantenemos de pie”. Pérez también mencionó que en las conversaciones con el Gobierno, se abordará el concepto de confianza legítima en el sector público y se buscarán fórmulas para dar certeza a los funcionarios que trabajan bajo contratos y honorarios.
Según el Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos, publicado en agosto, hay 274.350 funcionarios a contrata en el Gobierno, lo que representa el 56,3% del total de la dotación, en comparación con los 103.525 que están en planta, que constituyen el 21,2%.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mesa de trabajadores del sector público también han criticado el pronunciamiento. El presidente de la multisindical, David Acuña, expresó su preocupación por la decisión de la contralora, afirmando que “por iniciativa propia quita el derecho administrativo de la confianza legítima a los trabajadores del Estado. Un derecho que fue ganado con movilización”. Acuña advirtió que este cambio podría resultar en despidos masivos de trabajadores públicos.
Opiniones académicas y políticas
El coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, también criticó el dictamen, señalando que “es un pronunciamiento que no le ha requerido nadie” y que incumple el mandato constitucional de la Contraloría de interpretar el derecho administrativo.
El profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Concepción, Álvaro Domínguez, argumentó que el dictamen de la Contraloría “entrega impunidad al poder político para precarizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras que ejercen una función pública”. Por su parte, la profesora de derecho del trabajo de la PVUC, Karla Varas, consideró que el dictamen representa un retroceso en la protección de los trabajadores del sector público con vínculos precarios. Varas afirmó que el criterio de la Contraloría es erróneo, ya que debería abstenerse de pronunciarse sobre casos judicializados.
La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, a través de la red social X, instó a la nueva contralora a reconsiderar su decisión, argumentando que “esta medida precariza la función pública y afecta la estabilidad de quienes sirven al país”.
En contraste, el exdirector de Presupuestos durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, Matías Acevedo, defendió el pronunciamiento de la Contraloría, afirmando que va “en la dirección correcta” y que los temas de orden jurídico deben ser evaluados por los tribunales caso a caso. Acevedo también destacó la necesidad de una modernización del empleo público, que no ha experimentado cambios significativos desde 1989.
